Concejales, concejalas y personal técnico de varios ayuntamientos de la isla se han reunido en la Villa de Ingenio con el fin de promover ante el Cabildo y el Gobierno de Canarias un protocolo para dotar a las corporaciones locales de un reglamento que ofrezca seguridad jurídica ante sucesos provocados por palmeras enfermas en las vías públicas. Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Telde y Teror son los municipios que han estado presentes en esta primera mesa de trabajo.

Uno de los objetivos de este encuentro es poner de manifiesto el problema que hay con las plagas y las caídas de palmeras y el riesgo que eso supone para los técnicos y responsables municipales dada la ausencia de regulación al respecto.

Varios municipios, entre los que se encuentran el de Ingenio y Las Palmas, ya han aprobado en pleno una moción en la que se insta al Cabildo Insular y al Gobierno de Canarias a abordar esta problemática y a que se promueva una investigación científica al respecto, con el objeto de diseñar un aparato que pueda detectar la enfermedad de podredumbre interna, denominada Thielaviopsis spp. La inseguridad jurídica a la que se exponen todos los responsables públicos actualmente es mayúscula, dada la nula investigación que hay sobre esta enfermedad y la indetectabilidad de la misma al no presentar signos externos.

Los hechos acontecidos han venido a constatar que no hay ninguna garantía de que la revisión de una palmera impida que ésta al día siguiente caiga, como así ha ocurrido en numerosas ocasiones y desgraciadamente sigue ocurriendo, dada la particularidad de dicha planta. “No podemos obviar que no se pueden talar todos los ejemplares que se encuentran ubicados en los espacios públicos, pues ello haría cambiar sobre manera nuestro paisaje, lo cual conllevaría un cambio cultural, social y hasta turístico, al que la propia sociedad no estaría preparada”, comentaron las personas presentes en la reunión. Ante esto, el personal técnico y los responsables políticos demandan que se legisle al respecto, articulando protocolos claros, dado que los municipios no tienen capacidad legislativa, y que se investigue esta situación, ya que se carece de medios técnicos y científicos para ello. Esta iniciativa surge con el fin de que el trabajo que se desarrolla desde los municipios tenga un mínimo de garantías y de seguridad jurídica, sabiendo de antemano lo que se ha de hacer, no dejando a la suerte del azar su posible caída, “pues ni los técnicos ni los ediles de turno pueden saber cuándo se va a producir el colapso y, por ende, ninguna previsión se pudiera realizar para evitar tales caídas”, apuntaron.

Las personas presentes en este primer encuentro destacaron que no se puede obviar que la palmera es seña de identidad de toda la idiosincrasia paisajística de las Islas y hasta turística, y se han de hacer trabajos de investigación científica para hacer frente a esta situación, “pues lo fácil sería talar todas los ejemplares públicos, sin embargo eso tiene otras repercusiones igualmente que han de ser ponderadas, por lo que debe contar con estudios más pormenorizados que guíen a los técnicos municipales para tomar la decisión más idónea para todos los ciudadanos y ciudadanas”, manifestaron.

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